Por Esteban Salmón

Fuente: impunemex.com

Fuente: impunemex.com

En un artículo corto publicado hace cinco años, Janaki Nair[1] hace un retrato conciso de los nuevos patrones de protesta y resistencia en India. Su argumento es muy claro: de algún tiempo para acá ha habido una escisión creciente entre los términos de ley y orden; los funcionarios estatales permiten y toleran ilegalidades con el fin de mantener el orden. Esto se debe a que las autoridades usan criterios diferentes y arbitrarios en su presteza para castigar a la víctima y en su reticencia para procesar legalmente a los ofensores.

Como en India hace algunos años, en la dieta noticiosa mexicana vemos un aumento en el desafío directo a las leyes y la incitación a la violencia; pienso en los maestros de la CNTE, el Movimiento Popular Guerrerense y los encapuchados que tomaron el edificio de rectoría en Ciudad Universitaria hace algunos meses. La reacción distendida y diseminada del Estado ante estos grupos de protesta es un signo del arraigo de la diferenciación entre ley y orden. Es más fácil y, a miras cortas, menos costoso ignorar la ley perjudicando a la víctima —que en los casos citados tiene un carácter público o general como la UNAM, los niños de Guerrero, los automovilistas o los contribuyentes— que enfrentar el cinismo con el que los grupos de protesta hacen pasar causas particulares por generales.

Los movimientos disidentes actuales manifiestan que el frágil consenso sobre los modos de protesta y los estilos de desobediencia está cambiando. Analizados cuidadosamente y bajo el lente correcto, dichos movimientos podrían mostrar bajo qué esquemas de privilegios se operaba antes y bajo cuáles se opera ahora; qué tipo de disidencia permiten los actores gubernamentales y quién regula la tolerancia. En un esbozo general, los movimientos de protesta actuales revelan la fractura de ciertos acuerdos y la incapacidad o malquerencia del gobierno para crear nuevos consensos.

Las formas de protesta y los agentes disidentes cambian con el gobierno. Después de cualquier transición electoral y casi por arte de magia, la oposición del gobierno saliente se vuelve aliada del gobierno entrante y los viejos aliados se convierten en oposición. La democracia no sólo vuelve más costosa la represión, sino que también hace que se reprima de forma diferenciada.

Los Estados han concedido derechos históricamente con el fin de regularlos y el derecho de protesta no es la excepción. La forma en la que se regula la protesta, en que se permite o se castiga, ventila los acuerdos y los consensos, el poder de los actores que les permite negociar. La justicia en la esfera política se ejerce de forma política y por lo tanto los mecanismos de justicia estatales están comprometidos. Luego, los mecanismos estatales fallan en cumplir la equidad del proceso judicial y se brutaliza a la víctima, que tiene un carácter público o general. Por consiguiente, algunos ciudadanos toman la ley en sus propias manos y deciden organizarse en grupos que pueden ejercer justicia sumaria sin esperar la participación expedita del Estado o su oxidada estructura jurídica: los grupos llamados de autodefensa que han aparecido, sobre todo en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chihuahua. Estos grupos negocian con funcionarios estatales, son manifestaciones de protesta que entran en  un acuerdo que regula la represión. El origen de los grupos violentos e impunes de protesta y de los movimientos de autodefensa está en la disposición del Estado para negociar la represión y la tolerancia.

La escisión entre la ley y el orden provoca una espiral donde el ejercicio de la violencia de los grupos disidentes les da capacidad de negociar con funcionarios estatales sobre la impunidad de los actos que cometieron con miras a una causa más elevada, que también se discute: ahí tenemos la mesa de negociación entre la UNAM y quienes tomaron la rectoría y la propuesta de la SEGOB para negociar con la CNTE. La impunidad se negocia y el castigo se regatea con el fin de mantener el orden. Esto tiene como consecuencia una relajación de los estándares de la violencia que permite el Estado y una brutalización de la víctima a favor de los fines de los grupos disidentes, que tienen fuerza política gracias a la violencia —o la amenaza de su uso, que sigue siendo violencia—, al respaldo de otros grupos y a la movilización tumultuosa de militantes.

Janaki Nair concluye su breve artículo recordando que a pesar de lo que las élites políticas quieran creer, existe una cohabitación feliz entre el Estado de Derecho y el reinado de la ilegalidad. Los ataques a los bienes públicos son cotidianos y el mantenimiento del orden tolera la transgresión de las leyes. Entender los nuevos métodos de protesta, dice Nair, ayuda a entender la práctica del poder político para construir nuevos métodos de procesar legalmente a quienes delinquen y de buscar justicia para las víctimas. Habría que empezar por ahí.



[1] Nair, Janaki “Law and Disorder”, Economic and Political Weekly, Vol. XLIII, No. 15, Abril 2008