En medio de la algarabía sobre la reforma energética y la puesta sobre la mesa de que el capital privado es la panacea internacional que todo país como México necesita, se ha sumado INEGI como un invitado non grato que sólo se ha dedicado a arruinar la fiesta dando malas noticias. Esto en un momento –unos le llaman mexican moment– en que todo es dicha y felicidad, ya que México, se dice, es un país que emerge de las tinieblas para “ya merito” llegar a un paraíso llamado primer mundo.

Y, efectivamente, ya casi llegamos al Olimpo. En ese lugar, los países más importantes como Estados Unidos o la Unión Europea se caracterizan por tener bajas tasas de crecimiento, altas tasas de desempleo y una población insatisfecha. De acuerdo con INEGI, el primer semestre de este año el país sólo creció 1%. Menos de lo que se esperaba incluso por analistas y el mismo gobierno. A tal grado, que la Secretaría de Hacienda tuvo que rebajar la expectativa de crecimiento de la economía para este año de 3.1 a 1.8%. Rezándole a los santos y a los inversionistas que no se desanimen por esto pequeños vericuetos pasajeros.

Pero esto aún no termina, el 12 de agosto, INEGI da a conocer que la tasa de desocupación se incrementó de abril a junio de este año de 4.8 a 5%. Bueno, por lo menos aquí no hay parecido a los países desarrollados. Pero el problema, no es la desocupación, sino el tipo de ocupación que se está dando en México y en dónde se encuentra esta gente ocupada.

Es por ello que en México es de gran relevancia el tema de la informalidad. Sin saber qué significa este concepto, la gente convive con ella: al comprar el periódico en las mañanas, los tacos de la esquina a las 3 de la mañana, los elotes a las afueras del supermercado o la visita al mecánico para revisar el auto. Con base en la definición de la Organización Internacional del Trabajo, y en el informe de INEGI, el empleo informal debe entenderse como el “trabajo no protegido en la actividad agropecuaria” (por ejemplo, aquellos campesinos que se observan a lado de la carretera), “el servicio doméstico remunerado de los hogares” (gente que apoya en la limpieza del hogar), “así como trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social” (pueden ser empleadores que deciden pagarle un poco más al empleado acosta de no pagarle su seguro social).

Con base en esta definición, la informalidad en México en este segundo trimestre disminuyó de 59.9 a 59.1%. Cifra que continúa siendo elevada, pues esto significa que casi 6 de cada 10 personas con empleo se encuentran en condiciones de informalidad.

Y esto va más allá, ¿qué tienen en común el puesto de periódicos, de tacos, de elotes y el taller mecánico? Que en su mayoría son microempresas. Una empresa de este tipo se clasifica por su número de trabajadores: en industria va de 1 a 15 personas ocupadas (incluye al empleador) y en comercio y servicios de 1 a 5 personas ocupadas. Si se excluye al sector no agropecuario, de abril a junio de este año, 20 millones de personas (de 41.4) se encontraban ocupadas en micronegocios (INEGI).

Es más, a partir de la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN), se conoce que en 2012 existieron 9.2 millones de propietarios de micronegocios, de los cuales 84.5% trabajaban por cuenta propia y más de tres cuartas partes se concentran en el sector terciario (comercio, servicios y transporte). [1]

Datos que dan luz sobre la informalidad de las empresas: el 49.3% no tiene acceso a un servicio médico; 7 de cada 10 micronegocios no contaban con un registro ante alguna autoridad y su ganancia mensual promedio fue de 4, 813 pesos, lo que evidentemente no permitiría aumentar la inversión y el capital necesario para aumentar la productividad. Es más, en muchos casos esto no es suficiente para elevar el nivel de ingresos de quienes son los dueños de un  micronegocio.

Hasta el momento puede entenderse que una de las claves para erradicar la pobreza está entonces en el apoyo a la microempresa. Tan sólo basta buscar los incentivos adecuados para formalizarlas (por ejemplo, por la vía de los impuestos), luego aumentar el crédito y listo, la historia camina por sí sola: formalización es más crédito y más crédito es más inversión, empleo y erradicación de la pobreza. ¡Así de fácil!

¿Pero en verdad es esto posible? Del 94% de los microempresarios encuestados que dijo que planea continuar con el negocio, 70% dijo que no hará cambios importantes en su negocio, el 10% dijo que mejorará la calidad de su producto y el restante realizará “otras” acciones como tramitar un crédito o préstamos. Es decir, a la mayoría de las empresas no les interesa invertir y mucho menos pedir préstamos para hacer crecer su negocio. ¿Entonces por qué se preocupa tanto el gobierno en prestar a este sector?

Por último, de acuerdo con una encuesta realizada por la CNBV  el año pasado, la mayoría de los micronegocios en México se crean como un second best(segundo mejor), es decir, como una segunda opción al desempleo o al bajo ingreso que reciben en sus trabajos. De esta manera, el 50% de los dueños encuestados dejarían su micronegocio por un salario de 6000 pesos al mes y 90% lo dejaría por 15 mil pesos mensuales. Esta misma Comisión concluye que “los micronegocios tienen oportunidades de crecimiento limitadas que se reflejan en un flujo esperado de ingresos relativamente modesto. Un empresario que sabe que su idea o producto valen, no va a desaprovecharlo por un trabajo que paga 6000 pesos al mes” (p.90).

Entonces, ¿Debería el gobierno o no apoyar el crecimiento de las microempresas? ¿Es deseable continuar viendo a estas empresas como un vehículo para salir de la pobreza? ¿O simplemente es un sector pasajero que no vale la pena ponerle mucha atención? Mientras se resuelven estas preguntas, sin duda la informalidad seguirá siendo un obstáculo para que México sea parte del Olimpo.



[1] En la ENAMIN se identifica a los trabajadores por cuenta propia y a los dueños de negocios que ocupan hasta 15 trabajadores en la industria manufacturera o hasta 10 trabajadores en otras actividades económicas: industria extractiva, construcción, comercio, servicios y transporte.