De donde resulta que no hay acto piadoso
para con el prójimo que no venga a ser impío
si lleva tras de sí la ruina del Estado y que,
por el contrario, no hay acto impío para con
el prójimo, que no sea reputado piadoso,
si tiene por fin la salvación de aquél.

—Baruch Spinoza, Tratado teológico-político (1670)

 

El 1º de marzo de 1881, uno de los hombres más poderosos sobre la faz del planeta, el zar Alejandro II, voló por los aires. Tal movimiento físico no se debió a su ilimitado poder, sino a que el revolucionario Ignacy Hryniewiecki lanzó un paquete sospechoso a los pies del Emperador, el cual le destrozó las piernas, le desfiguró la mitad del rostro, lo hizo sangrar hasta morir y mostró a los transeúntes de San Petersburgo la mitad de sus intestinos. La multitud se congregó para ver que la sangre del Buen Zar no era azul, que era un mortal como todos. Una hora más tarde, Alejandro moría en el Palacio de Invierno exactamente veinte años después de haber decretado la liberación de los siervos, dando un paso enorme entre la Rusia feudal y la moderna. Hryniewiecki y sus compañeros, miembros de la organización Naródnaya volia (“Voluntad del pueblo”), fueron enjuiciados por “terrorismo” y colgados.

A diferencia de la actualidad, los activistas radicales rusos se enorgullecían de proclamarse “terroristas”. Y, también en contraste con nuestros días, aquéllos no atacaban a la población civil, sino exclusivamente a las autoridades.

El terrorismo es uno de los términos más difíciles de definir. Si uno no pregunta, todos saben en qué consiste, y generalmente se asocia —erróneamente— con el mundo islámico. Amén de teorías conspiratorias, mi generación creció sabiendo desde 2001 que el terrorista era un señor musulmán, barbado, de turbante y siempre enojado. En las fotos, el terrorista nunca sonríe. Su seriedad expresa y resume su maldad. El filme Team America (2004), muy divertido por lo demás, muestra en su primera escena la síntesis del terrorismo mundial: un buen niño francés, con su boinita y su paletita, choca accidentalmente con un terrorista (musulmán: turbante, cejudo, barbón y enojado), quien voltea a ver al niño muy lentamente y con una expresión facial de odio a la humanidad. La escena es divertida porque quiere serlo, sin dejar de ser reveladora; la imagen se explica sola.

En 2001 estaba claro quién era el terrorista, y por qué era necesario aniquilarlo sin preguntar. El porqué era más importante que la persona: nadie recuerda los nombres de los individuos que estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, ni a los que perpetraron los bombazos en Madrid y Londres.

Lee uno las noticias últimamente y se encuentra con actos “terroristas” en Irak y Siria; desarticulación de redes “terroristas” en Estados Unidos; el gobernador Perry diciendo que sellará la frontera para que los “terroristas” no entren desde México. Lo de siempre. Pero desde hace relativamente poco se lee sobre un nuevo tipo de terrorista, no señalando sus acciones propiamente, sino a grupos sociales concretos, que de “terroristas” no parecen tener mucho. Es una autoridad quien los describe como tales, sin pruebas para vincularlos al terrorismo que todos conocemos.

Está, por supuesto, la detención de 11 jóvenes en México tras los disturbios al final de la manifestación del 20 de noviembre pasado, acusados de “terrorismo” y “delincuencia organizada” en un principio, luego de “motín”, “asociación delictuosa” —¿la diferencia entre esto y “delincuencia organizada” es…?— y “tentativa de homicidio”. Luego de tanta acusación, un juez federal determinó liberarlos el 29 de noviembre. ¿Cómo es posible que una autoridad acuse a alguien de “terrorismo” y se le libere nueve días después?

No faltará quien diga que esto sólo ocurre en México. Pero los ejemplos abundan. El gobierno de Ucrania, repetidamente, ha acusado de “terrorismo” a los separatistas de Donetsk y Luhansk. En abril pasado, luego de que los partidos organizadores del Euromaidán crearan un gobierno de coalición y se repartieran el gabinete como botín, echando atrás en el acto la Ley de Idiomas de 2012 que era una garantía de la Ucrania pluricultural, 100 personas (literalmente) tomaron un edificio de la administración local de Donetsk en protesta por las políticas del nuevo gobierno (las diferencias regionales pesan en la política ucraniana). No exagero: eran 100. Para contarlos bastaban las manos y pies de cinco individuos. Se trataba de personas —evidentemente pagadas por algún interés local en mantenerlos allí— tumbadas en las oficinas del inmueble jugando en su iPad, que seguramente pedían pizza para subsistir. El cuadro no podía ser más patético. Lo lógico hubiera sido negociar la liberación del edificio a cambio de alguna concesión, como hace cualquier gobierno pensante.

Pero el actual gobierno ucraniano, que no se caracteriza precisamente por pensar las cosas a largo o siquiera mediano plazo, decidió enviar al Ejército para desalojar a esas personas, llamándolos “terroristas”. Es como si se requiriera al más sofisticado equipo de fumigación porque apareció una sola hormiga de 1 centímetro. Las consecuencias hoy son evidentes: el hormiguero se vació y los problemas se extendieron. Ya tenemos medio millón de desplazados dentro y más de 200 mil fuera de Ucrania según cifras de Naciones Unidas, además de 4 317 muertos y 9 921 heridos, como consecuencia de lo que inició como el desalojo militar de un edificio.

La moraleja es doble para México, en primer lugar, porque no hemos aprendido qué ocurre cuando militarizamos el orden local, y Ucrania es un ejemplo tan espléndido como el nuestro. En segunda instancia, porque también ejemplifica lo que aquí nos concierne. Sumido en un nacionalismo feroz, el gobierno surgido del Euromaidán decidió llamar “terroristas” a esos señores echadotes en los sillones de aquel edificio y llevar a cabo la “Operación Anti-terror” cuyas consecuencias ya enumeré. Es indudable que a partir de entonces los “separatistas” del Donbás decidieron tomar las armas y declarar una guerra en la que han cometido innumerables deslices y más de una atrocidad, pero me interesa el discurso gubernamental “antiterrorista” tan marcado desde un principio, anterior al momento de la sublevación abierta: el edificio en Donetsk fue tomado el 6 de abril; al día siguiente, el Presidente interino Oleksandr Turchynov culpó a Rusia y llamó “terroristas” a los ocupantes. En el caso del gobierno nacionalista ucraniano, usar ese término permitió desquitarse por la anexión de Crimea con poblaciones étnicamente rusas o cercanas culturalmente a Rusia; pasar cuchillo sin preguntar por las particularidades, e incluso cometer abusos contra civiles. Atacar sin preguntar, de manera legítima. Porque todos saben que al “terrorista” se le tiene que aniquilar.

Egipto es otro flamante ejemplo de los problemas que engendra inventarse “terroristas”. Hace un año, el gobierno militarista egipcio que apartó del poder a Mohammed Morsi decidió declarar a la Hermandad Musulmana, por mucho la organización civil más influyente y extendida del país, como “grupo terrorista”. El acto respondió a bombardeos suicidas en la comandancia policial de Mansura, que cobraron la vida de 16 personas. Poco importó que la Hermandad condenara y se distanciara del hecho: el gobierno militarista se inventó los vínculos.

Concebir como “terrorista” a un grupo u organización tiene consecuencias políticas y, por ende, sociales. En Egipto ha servido para justificar leyes que sancionan el financiamiento extranjero destinado a “dañar los intereses nacionales” o “perturbar la paz social”, quedando al más puro arbitrio de las autoridades. En realidad es una disposición que busca minar la influencia de organizaciones no gubernamentales. En Ucrania la “legislación antiterrorista” ha llegado al extremo increíblemente ridículo (y bastante inhumano, dicho sea) de borrar del presupuesto central a las regiones donde operan los separatistas. O sea: dejar de dar dinero para infraestructura, escuelas, hospitales, salarios y pensiones, sin el menor remordimiento ante una obligación de todo gobierno, abandonando a la gente a su propia suerte. La excusa es que Kiev no quiere “financiar el terrorismo”, como si una anciana de 87 años que vive de su magra pensión en Luhansk destinara el 90% de la misma a comprar armas para los rebeldes. El primer ministro Yatseniuk dice que al menos sí proveerán electricidad y gas a esas regiones: podrán morirse de hambre, pero no de frío. No parece muy coherente con el discurso nacionalista, según el cual esas regiones son “suelo ucraniano”. Y la culpa, claro, es de los “terroristas”.

Hoy en día, cuando los verdaderos terroristas (ETA, por ejemplo, o incluso las FARC) dejan las armas o entablan diálogos, pero cuando al mismo tiempo resurgen por malas decisiones como en Irak, los gobiernos del mundo, sobre todo los que tienen una legitimidad crecientemente cuestionada, recurren a la paranoia de señalar terroristas por doquier. Es una reconfiguración de la idea del “enemigo interno” con base en el léxico del siglo XXI.

Fernando Serrano Migallón sugiere que el terrorismo hoy requiere un urgente marco jurídico internacional, que evite sus prescripción, pero también que evite el exceso de los Estados en su persecución.[1] Catalogar un acto como “terrorista” cuando no lo es propiamente debería también ameritar algún tipo de penalidad, y no sólo disculpas públicas. Fernando Escalante, hablando sobre la política del terror, lo dice así: “El empeño de ver un mundo ordenado, un mundo nítido, cae con facilidad en su propia trampa: termina por inventarse un mundo a la medida de su orden”. Los análisis vigentes sobre el tema, afirma, pecan de reclamar tácitamente el apoyo de un a priori moral que, de antemano, da por sentado un buen número de sus conclusiones, al tiempo que obstruye otras tantas posibilidades de reflexión.[2]

Si comencé este texto refiriéndome a los terroristas rusos del último cuarto del siglo XIX fue para insistir en que, en aquel contexto, no había un prejuicio previo al exponer al terrorista, contrario a la actualidad. Bruce Hoffman ha explicado en un sensacional volumen cómo el concepto ha transitado un camino sinuoso en los últimos 150 años mediante múltiples redefiniciones. Hablar de terrorismo en los contextos contemporáneos que he citado es adoptar un subterfugio, salirse por la tangente. No se necesita explicación: todos saben qué hace un terrorista y conocemos de antemano su maldad. El término es acepción y explicación a un tiempo. Y si no fuera así, basado en el “sentido común”, no podría ser tan efectivo políticamente.

Arseni Yatseniuk e Ibrahim Mahlab —y, en menor grado, Hugo Ruiz Reynaud— pueden recurrir al discurso timorato de la desestabilización y acusar de “terrorismo” a un puñado de individuos porque legitima; resulta útil a los actores a quienes rinden cuentas. Al señalar al supuesto terrorista con el dedo, lo separan de cualquier práctica pública: es un grado superior de maldad y delito. Descubrir terroristas les permite no detenerse a pensar, no hacer preguntas, menos pasar por un debido proceso. Orillan a los susodichos hacia las márgenes del orden social, hacia los linderos de lo humanamente aceptable. Se trata de gobernar con base en el supuesto y el prejuicio. Porque usan eficazmente la noción, estos personajes saben perfectamente que el aludido no es un terrorista.

Sabemos que la función primordial del terrorismo político es sembrar miedo. Estos falsos terroristas sirven de carne de cañón, precisamente, para sembrar miedo, pero no por los actos que cometen (si es que los cometen). Otra vez: el acto ya no es lo que importa en 2014; no debe ser ya espectacular. Sus denunciantes, pues, se arrogan el derecho, en tanto que acusadores, de adjudicar miedos. Son estos actores políticos quienes, al señalar al terrorista, delimitan y definen el miedo legítimo, el que debe cundir en la sociedad.

Para Yatseniuk, los pobladores de Donetsk no deben temer morir de hambre, pero sí al malvado terrorista (quizás el único que, de hecho, garantiza el abasto de comida a esa gente).Toda su legitimidad, la simbología militarista de su neonato partido político, la iniciativa del impuesto de guerra y el incremento presupuestal al sector de defensa, así como sus acusaciones hacia Moscú, giran en torno a un concepto vaguísimo, y cuanto más abstracto mejor. Yatseniuk, al igual que ocurre en Egipto, recientemente en México y en otras partes del mundo, utiliza el sentido común sobre lo que constituye ser “terrorista” para legitimar sus actos de gobierno, erigiéndose como el adalid y salvador de la “Patria”, concepto igual de vago.

En 2014, los terroristas ya no necesitan aventar bombas, tener barbas largas ni ser musulmanes. Sólo necesitan que quienes vean su propia legitimidad crecientemente cuestionada los volteen a ver. Siempre habrá un grupo social, un chivo expiatorio, susceptible de convertirse en “terrorista”, al menos en la retórica oficial, mientras lo verdaderamente terrorífico pasa inadvertido.

 


[1] Fernando Serrano Migallón, Derecho y violencia. La norma jurídica en situaciones extremas: terrorismo, pena de muerte y guerra, México, Facultad de Derecho, UNAM, 2013, p. 12.

[2] Fernando Escalante Gonzalbo, La política del terror: apuntes para una teoría del terrorismo, México, Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, 1986, p. 15.