La mayor parte de las crónicas y descripciones sobre la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” -a veces con más razón que otras- se han enfocado en la articulación política de los estudiantes de la Normal y de la explicación de su comportamiento que los coloca en el escenario del 26 de septiembre de 2014. Pero además en esas crónicas se han destacado tres elementos que considero centrales de un modelo educativo que resulta extraño y poco coherente con el modelo educativo actual. Primero, el acceso preferencial a jóvenes de recursos escasos -clases desfavorecidas- a la normal. Segundo, la residencia de los jóvenes normalistas en las instalaciones de la normal. Y tercero, que los egresados regresan a la comunidad de la cual surgieron ya siendo profesores. Explico aquí brevemente las lecciones de esos elementos del modelo en Ayotzinapa y su conflicto directo con el modelo educativo actual.

El ingreso a la educación superior en México es eminentemente meritocrático (Aunque existe el sistema de universidades multiculturales que tiene un sistema de acción afirmativa para jóvenes de comunidades indígenas). El mérito -que entenderemos como desempeños escolares y conocimientos para responder exámenes estandarizados- es el único criterio para ingresar a la educación superior en México. Ese sistema presume que todos en un primer momento son capaces de obtener un espacio y será el esfuerzo individual el que defina quien accederá. Un examen basta para saber quién merecería continuar sus estudios o quien tendrá que incorporarse en el trabajo con el nivel que logró obtener hasta ese momento. Pero previo a ese momento el sistema ignora que los desempeños se relacionan al contexto socioeconómico, es decir, una desigualdad socioeconómica previa limita el acceso a conocimientos y habilidades. El modelo de ingreso preferencial por jóvenes desfavorecidos, acción afirmativa, parte de la idea de la igualdad entre ellos, es decir, que no hay valía mayor entre ellos por conocimientos, y sí reconoce la desigualdad y la necesidad de que quienes tienen menores oportunidades sean quienes reciban educación. Esto nos hace pensar como la Normal de Ayotzinapa cuestiona históricamente que sea el mérito y no la necesidad lo que define quien accede a educación superior pública. Por ejemplo, un modelo meritocrático de ingreso podría ser un mecanismo de gasto regresivo y el modelo de acción afirmativa podría hacer que el gasto universitario público sea progresivo. La Normal Rural de Ayotzinapa puede ser un caso de gasto más progresivo que la UNAM -guardada la proporción y la necesidad de confirmar con datos-.

Los estudiantes aceptados en la normal de Ayotzinapa viven en forma de internado en las instalaciones de la escuela. La recolección de fondos para la normal es precisamente para la manutención de los estudiantes y sus actividades. A eso, la pregunta es, ¿qué tanto se pueden mover los estudiantes en México para estudiar en una institución que no se encuentra en las cercanías de su domicilio familiar? Eso dependerá del ingreso para rentar una habitación en otra localidad, y claro, de los costos de vida, sin contar los pagos a la universidad en la que se inscriban. En el mismo Guerrero la tasa bruta de cobertura en educación superior es de 16.7%, así que si una joven es afortunada y termina su bachillerato, tendrá muy pocas opciones en su entidad para estudiar. Y si su ingreso no es lo suficientemente bueno, ella tendrá que limitar sus opciones porque no podría vivir en otra entidad, o con un esfuerzo extraordinario propio y/o de su familia. Una forma que permitiese a una joven de Guerrero estudiar en la Ciudad de México, Veracruz, Guadalajara o Puebla sería precisamente la existencia de dormitorios subsidiados para estudiantes universitarios. Además esto requiere en pensar que también los jóvenes deberían tener entre sus opciones universitarias cualquier universidad del país, sin reserva de calidad o capacidad económica. Si no fuera por el internado en la normal, entonces muchos jóvenes de Guerrero tendrían severamente limitadas sus opciones de educación superior.

Una regla de la normal rural de Ayotzinapa es que sus egresados deben regresar a sus comunidades originarias a incorporarse a la docencia. Sin afirmar que uno debería restringir las opciones de los estudiantes, es claro que una educación financiada por el Estado debería requerir una retribución social a las comunidades de origen de los estudiantes. El servicio social en México fue pensado de esa manera, pero frecuentemente puede ser visto como una pasantía o un trámite de fácil evasión en algunas universidades. Se podría recuperar la idea del servicio social y llevarla más bien a los egresados, por ejemplo, dos años de servicio en la profesión en una comunidad que requiera de los servicios de un egresado universitario. Incluso podría ser incentivo para que estudiantes elijan universidades públicas con un egreso enfocado a trabajo comunitario en lugar de enrolarse a la educación privada que les aumente sus deudas por muchos años.

Hay dos cuestiones directas hacia nuestra educación superior pública en estas reflexiones concretas sobre el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes universitarios. ¿Qué consideramos como el criterio de gasto público en universidades? El mérito –y la definición vaga que implique- o la distribución equitativa de las oportunidades. ¿Qué tipo de universidad pública debemos tener? De elites –y los deciles que acceden a educación superior son una elite limitada- o cualquier persona con un tanto de conocimientos mínimos necesarios. Esto es reflexionar sobre los “obcecados” que intentan una y otra vez entrar a la universidad –como dijo el ex subsecretario de educación superior Fernando Serrano Migallón- por exámenes, y sobre la regresividad del gasto en educación superior en México. ¿En quienes gastamos y a quienes dejamos que estudien? Replantear las preguntas, con Ayotzinapa en mente, nos puede hacer pensar de manera diferente como construimos públicamente los problemas de la educación en México.