La declaración de nulidad en México es un mecanismo que permite privar de validez a los resultados de una casilla o una elección cuando no se reúnen algunos de los elementos mínimos de legalidad. Son motivos de nulidad, por ejemplo, el rebase de topes de campaña, la compra de propaganda en radio y/o TV y el recibir recursos de procedencia ilícita. Para que una elección sea declarada nula, la diferencia entre el primer y el segundo lugar debe ser determinante; es decir, menor al 5%. Una vez que una elección es declarada nula por un tribunal electoral, se emite la convocatoria de una nueva elección denominada extraordinaria. De acuerdo con el artículo 41 constitucional una persona sancionada en la elección ordinaria no podrá volver a competir en la elección extraordinaria. En teoría este conjunto de normas actúan como un mecanismo de corrección democrática e incentivan a los competidores a respetar la ley. Ahora bien, la repetición de una elección no es de ninguna manera algo ideal. Implica costos extraordinarios y, al no ser elecciones concurrentes a otras, la participación ciudadana suele ser menor a la de una elección ordinaria. Por lo tanto, la nulidad electoral se considera como un mecanismo más de emergencia que propio de una normalidad democrática.

A partir de la aprobación de la reforma electoral de 2014, la cual incluyó nuevos mecanismos de nulidad a nivel constitucional (como el rebase por topes de campaña), ha sido posible observar más elecciones anuladas (y probablemente éstas sigan aumentando con el paso del tiempo). Mientras en 2012 hubo sólo una elección extraordinaria, para 2013 ya hubo cuatro, en 2014 siete, en 2015 seis y para 2016 deberá haber al menos tres[1] (más las que se acumulen en las elecciones de 13 estados que tendrán elecciones ordinarias este año). La mayor parte de estas elecciones extraordinarias corresponden a ayuntamientos. De todos estos casos el más llamativo por la relevancia del cargo a elegir probablemente es el de la elección de gobernador de Colima, cuya elección extraordinaria se celebró el pasado 17 de enero. Esta no es la primera elección de gobernador que se repite, situación que ya había ocurrido justamente en Colima en 2004 y en 2000 en Tabasco.

En teoría, el hecho de violar la ley trae consigo una sanción. Por un lado, el partido político o coalición que incurrió en una práctica ilegal recibe una multa. Además, como se mencionó, una persona sancionada no puede volver a competir en la elección extraordinaria. Ahora bien, dicha persona no necesariamente es el candidato del partido político o coalición que violó la ley. Ese el caso de la elección de Colima de 2015, donde fueron sancionados el Secretario de Desarrollo Social y el Procurador de la entidad por la manipulación de programas sociales en favor de la alianza del PRI con otros partidos políticos. No obstante, para la alianza dicha sanción era superflua, pues su candidato original, Ignacio Peralta, pudo competir, y eventualmente ganar, en la elección extraordinaria.

Por otro lado, idealmente, el que un partido político o coalición viole la regulación electoral debería traer consigo un desprestigio para su imagen, lo que también debería complicar su triunfo en la elección extraordinaria. No obstante, los resultados de las elecciones extraordinarias no parecen mostrar que esto ocurra. Contando las 14 elecciones extraordinarias de 2012 a la fecha celebradas a partir de la ocurrencia de irregularidades en la votación ordinaria,[2] en 8 de ellas (57%) el partido político ganador de la elección definitiva fue el mismo que el de la elección ordinaria; es decir, aquel que violó la ley. Incluso, la mayor parte de las veces logró el triunfo con el mismo candidato y por un margen mayor de ventaja que el de la elección original. Éste ha sido el caso para las elecciones extraordinarias más relevantes en la historia del país de acuerdo con el tamaño de la demarcación en disputa; es decir, las gubernaturas de Tabasco (2000), Colima (2004 y 2016) y el municipio de Morelia (2012).  En otras palabras, las elecciones extraordinarias suelen ser un déjà-vu de la elección original.

Lo anterior sólo refleja que la amenaza para partidos políticos y candidatos que la nulidad electoral debería representar no es creíble. Además, es un buen ejemplo de las dos dimensiones de la mayor parte de los problemas del sistema electoral mexicano. En primera instancia, la regulación no genera incentivos a los partidos políticos para respetar la ley. Un partido que incurre en prácticas que ameritan la anulación de una elección puede volver a competir en la elección extraordinaria, muchas veces con el mismo candidato que postuló la primera vez, lo que reduce los costos de posicionar al político en cuestión. Si bien esta regla privilegia el derecho básico a ser votado sin importar sanciones previas también hace parecer a la nulidad como una nimiedad. De igual manera, el hecho de que una diferencia deba ser determinante, menor al 5%, para anular una elección podría acabar por generar violaciones aún más grandes a la ley para asegurar un triunfo aplastante que haga imposible la anulación.

En segundo lugar, el hecho de que muchos de los partidos políticos refrenden su triunfo original en la elección extraordinaria apunta a que la cultura política de nuestra sociedad no asume como grave o costoso violar la regulación electoral. Muchos ciudadanos que votaron por una alternativa política que violó la ley parecen dispuestos a volver a hacerlo una segunda vez. A lo mismo apunta el descenso en la participación que suele presentarse en este tipo de elecciones. Para muchos electores la votación extraordinaria pareciera ser como menos importante que la ordinaria. Finalmente, con tal de obtener el triunfo, los partidos políticos parecen no tener problemas con refrendar a candidatos cuyos equipos de campaña muchas veces estuvieron involucrados en malas prácticas.

Esta segunda dimensión del problema es particularmente preocupante.  Mientras la regulación es dinámica y podría cambiar repentinamente, la cultura política necesita de un periodo más prolongado y probablemente requiera de la implementación de un esfuerzo más extendido de educación cívica. En última instancia, la actitud de la población frente a las elecciones extraordinarias es sólo una muestra de muchas de que la transición a la democracia en México por sí sola no ha internalizado la cultura de la legalidad y de valores propios de este régimen en la sociedad. En otras palabras, un ejemplo de la falta de consolidación que nuestra democracia aún padece.

[1] Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Elección extraordinaria”, Disponible en: http://portal.te.gob.mx/category/tipo-eleccion/eleccion-extraordinaria (Fecha de consulta: 22 de febrero del 2016).

[2] No todas las elecciones extraordinarias implican actos ilícitos en la elección ordinaria. Por ejemplo, en la elección de ayuntamiento de Coyame de Sotol, Sonora, de 2012 o de Tapilula, Chiapas, en 2015, la elección se repitió por un empate exacto a votos entre los dos primeros candidatos. Otro ejemplo es el de la votación del Distrito XVII local de Sonora de 2012 en la cual el diputado electo fue asesinado por su suplente con tal de quedarse con su cargo. Por tanto, se decidió repetir la elección en la que eventualmente resultó ganadora su esposa.