“All actions stem from food

(…) Food depends on food.”

Rig-Veda. Taittiriya Upanishad

Introducción

El epígrafe que encabeza este texto es elocuente y obscuro a la vez. Elocuente, porque describe en muy pocas palabras el ciclo de la reproducción orgánica: el alimento, en tanto sustento de cualquier forma de vida, habilita a los organismos para realizar acciones que, entre otros propósitos, tienen como fin garantizar su propia subsistencia, para lo cual es menester producir más alimentos. Así, el alimento presente depende del alimento producido y consumido en el pasado, y de él dependerá el alimento del futuro.

Es oscuro, sin embargo, porque en su formulación tautológica oculta los sujetos que realizan las acciones y el entramado de relaciones personales e institucionales, socialmente organizadas y, por tanto, estructuradas bajo principios de diferenciación, que ejecutan dicho ciclo. Efectivamente, la comida de ahora dependió de que la comida del pasado alimentara a sujetos histórica y socialmente situados que, desde posiciones dotadas de recursos cualitativa y cuantitativamente diferentes, participaran de distintas maneras en el proceso alimentario con resultados inequitativos en el bienestar de cada uno. Así, en el mundo hay personas que producen alimentos y no necesariamente participan de su consumo; quienes carecen de alimentos y quienes tienen dietas excesivas; quienes seleccionan lo que comen desde posturas políticas –vegetarianismo o veganismo, por ejemplo- y quienes no pueden darse el lujo de elegir.

Pensar en la alimentación y sus prácticas más allá de sus propósitos biológicos y analizar su constitución como espacio de producción y reproducción de desigualdades es no sólo posible sino necesario, si se desea entender cómo la inequidad, la subordinación y, en resumidas cuentas, la injusticia dan forma a las prácticas cotidianas de los individuos y sólo desde ellas pueden ser impugnadas, debatidas o toleradas.

En este trabajo nos preguntamos qué marcadores de desigualdad de género pueden identificarse en las prácticas alimentarias de familias en pobreza, con qué resultados sobre el de suyo precario bienestar de mujeres y hombres, y qué explicaciones existen sobre la producción y reproducción de dichas prácticas. La intención es conocer cuáles son los puntos en los que alimentación, pobreza y género se intersectan y qué mecanismos de producción y reproducción de desigualdades operan en ellos. Con este fin, el texto discute los hallazgos encontrados en una revisión –aún modesta- de literatura que discute cuál es el papel de la alimentación en la vida de las mujeres y qué particularidades se presentan cuando dicha relación se explora en escenarios de pobreza.

 

Alimentación, pobreza y género: procesos interconectados

Vincular estos tres ámbitos requiere, por principio, posicionar a la alimentación como un espacio válido para la lectura de lo social, entender que el sentido de sus prácticas trasciende la sobrevivencia material del cuerpo y cumple funciones de identificación y distinción sociocultural. Se debe reconocer en la alimentación un espacio complejo cuyo ejercicio cotidiano, privado o compartido, refleja procesos sociales más amplios (Grignon y Grignon, 1986; Poulain, 2002). Es decir, la comida, como cualquier otro material definido culturalmente, es utilizada en la creación y sostenimiento de relaciones sociales en las cuales, se sabe, se juega la identidad, la construcción de intersubjetividad y la distribución de recursos, entre los que destaca el poder.

La relación entre la pobreza y la alimentación se reconoce con naturalidad, por ejemplo, frente a la tarea de identificar y medir la primera. El establecimiento de un umbral de pobreza extrema vinculado con la (in)capacidad monetaria para adquirir una canasta alimentaria –observada o normativa- en prácticamente cualquier aproximación[1] a la pobreza, así lo demuestra. Sin embargo, una representación de la pobreza basada en este criterio aún dice poco sobre la contribución de las prácticas alimentarias a la persistencia de la misma.[2]

Otro tipo de abordajes, en cambio, permiten comprender que el lugar de la alimentación y, en particular, de la privación alimentaria, es central en el proceso de constitución de la pobreza como experiencia de vida. De acuerdo con los datos de la encuesta “Lo que dicen los pobres” de 2004[3], ocho de cada diez personas en esta condición consideran que el gasto que se debe cubrir con mayor prioridad es la alimentación; cerca del 50% de las mujeres y 40% de los hombres consideran que una vida digna se define por tener qué comer, y alrededor de la cuarta parte de la población de cualquier sexo considera que el bienestar consiste en tener comida suficiente (Orozco, de Alba y Cordourier, 2004).

Se sabe también que frente a situaciones de crisis o precariedad, la alimentación es uno de los espacios más flexibles de la reproducción cotidiana, pues es de los primeros rubros en los que se observan ajustes tendientes a disminuir costos, afectando tanto la variedad como la calidad y cantidad de los alimentos consumidos.[4] Sin embargo, la plasticidad de la alimentación es limitada; no es una práctica que afecte a todos por igual ni es posible sostenerla indefinidamente sin jugarse en ello la vida. Tampoco puede satisfacerse de cualquier modo ni bajo cualquier circunstancia, pues en la alimentación y sus prácticas no sólo se juega la salud sino también la adscripción a una comunidad de la cual se espera aceptación y reconocimiento. Comer adecuadamente implica atender normas nutricionales y también condiciones morales. De este modo, la pobreza, en particular sus expresiones más extremas, no sólo impiden el ejercicio pleno del derecho a la alimentación sino que podría ser un obstáculo para la construcción de la dignidad humana que éste entraña.

¿Cómo afectan estas condiciones al desarrollo personal y a la naturaleza de las relaciones que las personas mantienen con los otros? ¿Qué capacidad de agencia para subvertir situaciones opresivas se puede desarrollar en situaciones caracterizadas por el desposeimiento? O bien ¿qué tan fácil resulta que diversas formas de vulnerabilidad se potencien entre sí, reforzando las desigualdades?

Los estudios de género tienen una larga tradición en la producción de este tipo de cuestionamientos que profundizan en la organización de las estructuras y las relaciones sociales, y buscan revelar los supuestos ontológicos que norman las identidades y las funciones de los miembros de una comunidad, enfatizando las que se centran en la diferenciación sexual y su traducción al acceso inequitativo de recursos, control y reconocimiento (Lamas, 2002; Scott, 1986). Esta traslación, que sistemáticamente tiende a la subordinación de lo que se clasifica como femenino frente a lo masculino, no ocurre en el vacío sino que se encuentra en el corazón de las relaciones interpersonales y depende del contexto espacio temporal en el que se manifieste (West y Fenstermaker, 1995).

La desigualdad de género se concreta en las prácticas y las interacciones cotidianas, en los espacios públicos y privados, en escenarios de “normalidad” y de crisis. En la medida en la que la alimentación constituye una actividad humana que involucra recursos, interacciones y normas que regulan roles y espacios, es posible analizar cómo se inscribe en ella la dinámica del sistema sexo-género (Scott, 1986). Vista así, la alimentación es un espacio propicio para la exploración de la desigualdad social, en particular la que es producida por la clase y el género, criterios de diferenciación estructural que han probado ser transtemporales y transculturales (Lamas, 2002; Scott, 1986) y que tienden a vincularse mediante procesos de acumulación de desventajas (Chant, 2003; González de la Rocha, 2006; Ruvalcaba y Murillo, 2006).

La revisión de la literatura especializada permite identificar tres espacios analíticos –no necesariamente exhaustivos o excluyentes- en los que la pobreza y la desigualdad de género se potencian mutuamente para expresarse en las prácticas alimentarias. Estos tres ámbitos son 1) la división sexual del trabajo; 2) la distribución de recursos alimentarios al interior de las familias, y 3) el desempeño en salud.

La siguiente parte de este texto desarrolla la evidencia encontrada y su relación con los espacios de desigualdad. El ensayo concluye con una reflexión sobre lo que se considera importante saber sobre la relación entre la alimentación, la desigualdad de género y la pobreza, como procesos interrelacionados que configuran un espacio particular para la reproducción de la desigualdad entre hombres y mujeres y la transmisión intergeneracional de la pobreza.

 

Intersecciones entre género, pobreza y alimentación

La división sexual del trabajo

La división del trabajo en tareas que se asocian con lo femenino y lo masculino es el mecanismo por excelencia de la producción y reproducción de las desigualdades de género (West y Fenstermaker, 1995). La segmentación del trabajo cotidiano y la asignación diferenciada de valor, recompensas y reconocimiento a cada tipo de labor, explica, normaliza y justifica la injusticia que caracteriza a la discriminación de género y que se concreta de manera muy evidente en la subvaloración de las actividades domésticas y en las excesivas cargas de trabajo que realizan las mujeres, en particular a partir de su incorporación masiva al mercado de trabajo extradoméstico (Ariza y Oliveira, 2007; Rubalcava y Murillo, 2006). Esta forma de distribuir el trabajo y su valor se observa no sólo en el ámbito familiar y en las relaciones interpersonales, sino que dialoga intensa y permanentemente con las relaciones macroestructurales que configuran la dinámica del mercado de trabajo y organizan a las instituciones sociales (Forste y Fox, 2012; Scott, 1986).

La alimentación es una de las dimensiones centrales de la vida reproductiva pues, entre otras cosas, habilita a otros para el trabajo productivo. Como proceso, distingue tareas diferentes para hombres y mujeres, si bien esta distinción puede cambiar de un contexto cultural a otro. Al hombre, típicamente, le corresponde proveer de los recursos necesarios para alimentar a la familia, ya sea que aporte alimentos obtenidos a través de sus tareas de producción –en sistemas donde la agricultura sigue siendo una actividad relevante y es una tarea predominantemente masculina[5]– o que proporcione recursos para adquirir alimentos en el mercado.[6]

A partir de ese momento, el trabajo de la alimentación es predominantemente femenino (DeRose, Das y Millman, 2000; Harriss, 1995; Kabeer, 1990; Vizcarra, 2008) e incluye la adquisición de los alimentos, su transformación para el consumo y la organización del acto alimentario familiar. La adjudicación de estas tareas a las mujeres, en particular a las madres, ha permanecido más o menos incuestionada; la creciente participación de las mujeres en la proveeduría de recursos económicos para la satisfacción de necesidades básicas del hogar no las ha eximido del deber de alimentar a la familia.

Alimentar a otros forma parte de una serie de cuidados en los que las mujeres han sido socializadas y donde encuentran un espacio de control y valor moral, en el que, a decir de algunos autores, cuentan con cierto margen para ejercer su agencia (DeRose, Das y Millman, 2000). El peso simbólico de la alimentación es sumamente poderoso; concentra como pocos espacios dos elementos cruciales de lo que se considera femenino: el cuidado de otros y la relación con el cuerpo. Alimentar implica seleccionar y transformar objetos indispensables para la existencia humana que deberán ser introducidos al cuerpo, como una metáfora de la incorporación de valores, creencias y preferencias socioculturalmente formadas, mediadas por un componente afectivo (Silva, 2007), que representan una manera de entender a la familia y el lugar que se ocupa en ella (Finch, 2007).

Los estudios que analizan la racionalidad construida en torno a la concentración del trabajo doméstico, encuentran que los argumentos más comunes para explicar la asignación de la labor alimentaria en las mujeres, esgrimidos en ocasiones por ellas mismas, se asocian con la disponibilidad de tiempo,[7] la preocupación por la salud familiar, la percepción de mayores habilidades y sentido práctico, el conocimiento sobre normas nutricionales o el puro deseo de evitar conflictos (Beagan et al., 2008). Este tipo de explicaciones, que naturalizan la división sexual del trabajo y justifican la participación sesgada de hombres y mujeres en las tareas de la vida cotidiana son, precisamente, las más difíciles de revertir, pues forman parte de la producción individual de sentido de la propia vida y de la satisfacción con ésta, cosa que no es sencillo desestabilizar.

Interesadas en relacionar el efecto de la división sexual del trabajo sobre la satisfacción con la vida familiar y la consistencia entre las actitudes y las prácticas, Forste y Fox (2012) demuestran que las mujeres que forman una pareja que sigue patrones tradicionales para la asignación de las tareas y los roles –hombre proveedor, mujer ama de casa- muestran mayor satisfacción con la vida familiar pero menor congruencia entre las actitudes que dicen valorar y lo que efectivamente ocurre en su hogar (entre ellas, mayor participación de los hombres en las tareas domésticas). Por su parte, las mujeres que constituyen parejas en las que la división del trabajo no sigue una pauta tradicional –ambos trabajan y declaran distribuir de manera más o menos equitativa las labores domésticas- se muestran más sensibles a la injusticia que les representan las disparidades en la dinámica familiar, pero se muestran más satisfechas con la congruencia entre los valores que sostienen y la forma en la que llevan su vida de pareja.

Al respecto, Forste y Fox suponen que la mayor satisfacción de las mujeres “tradicionales” se explica por el gran esfuerzo emocional que las personas hacen por atenuar las disonancias que efectivamente perciben entre lo deseado y lo obtenido. Podría tratarse de un esfuerzo de adaptación a la desigualdad que estructura sus relaciones, toda vez que, a diferencia de mujeres con mayor autonomía, no cuentan con recursos para combatirla. Lo anterior resulta de particular importancia para explicar lo que suele observarse en escenarios de pobreza, donde el desposeimiento de las mujeres las lleva a asumir roles de una manera natural sólo en apariencia, evitando la creación de conflictos que pudieran escalar a situaciones de violencia (González de la Rocha, 1988).

 

Distribución desigual de los recursos al interior de los hogares

Un punto central de la crítica feminista al estudio de la pobreza y, en general, de las condiciones de vida de las personas es la asunción acrítica y mecánica del supuesto de equidad en la distribución de los recursos al interior de los hogares. Lo mismo sucede cuando se asume que las condiciones de vida de cada miembro del hogar dependen directamente de las características de su jefatura, o bien, que todos experimentan por igual la adscripción del jefe a un estrato socioeconómico determinado (Mora, 2004; Rubalcava y Murillo, 2006). Quisumbing (2013), por su parte, destaca la invisibilización de la distribución inequitativa de los recursos y la subestimación de la pobreza y la desigualdad que resulta de considerar a los hogares como unidad de análisis. Estas decisiones metodológicas no son inocentes, sino que sugieren una postura epistemológica sobre el bienestar y sobre las relaciones de intercambio e, incluso, de la división sexual del trabajo, que deben prevalecer en las familias.

Lo anterior es el resultado de la influencia de modelos económicos que, a decir de Amartya Sen (1989), están construidos sobre el supuesto de que la distribución de bienes entre los miembros del hogar se hace con el fin de equilibrar el bienestar producido por la satisfacción de necesidades. En realidad, como casi cualquier otro aspecto de la vida cotidiana, la repartición intrafamiliar de los derechos y las obligaciones se organiza socialmente, lo que implica que es atravesada por criterios de diferenciación. De acuerdo con Sen, es la posición familiar la que determina el lugar desde el que mujeres y hombres pueden reclamar los recursos familiares. La exclusión de las mujeres de actividades de “ganancia” (trabajo asalariado, participación en los ingresos) se traduce en un menor merecimiento, dado que su aporte se concentra en actividades infravaloradas. Las “contribuciones percibidas” son clave en la definición de quién obtiene qué dentro de los hogares.

Desafortunadamente, los estudios que analizan la distribución intradoméstica de los recursos alimentarios no son abundantes y los que existen se concentran más en el estado nutricional de los individuos (ver apartado siguiente). Aquellos que estudian unidades domésticas, más que detenerse en la distinción del acceso alimentario entre hombres y mujeres, tienden a identificar ciclos de privación y las estrategias que son instrumentadas para su manejo. Así, Floro et al. (2012) encuentran que los hogares urbanos de jefatura femenina con bajos ingresos tienden a enfrentar la inseguridad alimentaria mediante el emprendimiento de pequeños negocios por cuenta propia, entre los que destacan los que se relacionan con la venta de alimentos preparados, de donde obtienen ingresos monetarios y también alimentos para el propio consumo de sus familias. En contraparte, en los hogares encabezados por varones, la estrategia principal es aumentar la carga de trabajo asalariado. González de la Rocha (2006) destaca como respuesta doméstica al deterioro económico la modificación del consumo de alimentos, ya sea alterando su composición o reduciéndolo en términos absolutos, eliminando de la dieta tanto productos no esenciales como básicos.

En sus estudios en Bangladesh, Kabeer (1990) encontró que una primera respuesta de los hogares frente a las crisis que intensifican la privación es apostar por la austeridad, lo que logran disminuyendo el número de comidas al día, postergando gastos en salud o recolectando alimentos silvestres –en entornos rurales- en lugar de adquirirlos en el mercado. De continuar la crisis, los miembros que no aportan ingresos (típicamente mujeres, niños y adultos mayores) son empujados a realizar alguna actividad económica. Posteriormente, las familias comienzan a vender sus activos, iniciando con los bienes no productivos, seguidos de los productivos. Cuando la crisis persiste, la familia tiende a separarse: quien puede migrar lo hace, ya sea temporal o definitivamente. En situaciones de privación extrema, las madres llegan a abandonar a sus hijos o a dejarlos en orfanatos.

McIntyre et al. (2011) estudian las prácticas alimentarias de las que identifican como jefas de familias “ultra pobres” –que viven con menos de un dólar diario- y encuentran que sus hogares han experimentado episodios de privación absoluta de alimentos provocada por inflaciones, alza en precios de alimentos o enfermedades que interrumpen sus trabajos y requieren gastos en salud. Las mujeres señalaron, además, experimentar restricciones para trabajar fuera de casa, como resultado de las normas y roles de género prevalecientes. En estos hogares, las mujeres reportan necesidades comprometidas y tensiones para negociar cuáles se satisfarán y cuáles no.

Por su parte, Quisombing (2013) encuentra que en Etiopía los hogares con jefaturas femeninas –muchas de las cuales trabajan en la agricultura- resienten los impactos estacionales del aumento de los costos de alimentos durante más tiempo que los hogares encabezados por varones. Donde hay jefas de familias, ya sea que el hogar esté conformado sólo por adultos o también por niños, se recorta el número de comidas durante los meses “buenos” como medida de compensación por los meses “malos”. La investigadora también registró la disminución del tamaño de las porciones en hogares que reportaron haber experimentado las crisis de los precios de alimentos. En general, los hogares con jefaturas femeninas que se vieron expuestos a una crisis económica tomaron medidas que afectaban el estado nutricional de sus miembros, particularmente de los niños, sin distinción de sexo.

Como es posible apreciar, el diseño de los estudios que exploran la seguridad alimentaria o las estrategias de superviviencia de los hogares no permiten profundizar demasiado en las diferencias internas de los mismos. Las aproximaciones más comunes a este tema recurren a la figura de la jefatura y a sus diferencias por sexo, lo que resulta útil para conocer los síntomas de la privación y las estrategias que se instrumentan para su alivio, pero no necesariamente informan sobre cómo los individuos experimentan la privación –tanto material como subjetivamente- desde la posición que ocupan, los roles que juegan y los recursos a los que tienen acceso.

 

La desigualdad alimentaria y la salud

Los efectos sobre la salud de una alimentación deficiente en calidad o cantidad, derivados de la falta de recursos o de disponibilidad de alimentos adecuados, son un punto central de las discusiones sobre pobreza y de las políticas para reducirla.

Efectivamente, los problemas alimentarios pueden llegar a tener consecuencias irreversibles sobre el desarrollo de las personas, particularmente cuando se presentan en la primera infancia. Sin embargo, existe cierta controversia en torno a la desventaja sistemática de las mujeres, en particular de las niñas, en ámbitos como la desnutrición o la mortalidad por causas asociadas al déficit alimentario. Mientras algunos estudios acusan la sobrerrepresentación de niñas en indicadores como bajo peso, emaciación[8] o desmedro[9] (Vizcarra, 2008), otros no encuentran diferencias significativas entre varones y mujeres en los resultados de varios países con diferentes características de desarrollo (DeRose, Das y Millman, 2000; Harriss, 1995; Sen y Drèze, 1989).[10]

Sin embargo, estas mismas investigaciones destacan que en países con bajos niveles de bienestar existe un exceso de mortalidad infantil femenina. Dado que las variaciones en los niveles de malnutrición de varones y mujeres no son contundentes, estos autores se inclinan por colocar la causa del problema en la falta de acceso equitativo a los servicios de salud. Tentativamente, el problema no radicaría en que los servicios de salud se negaran a atender niñas, sino en una mayor tardanza de padres y madres por reconocer y atender los problemas de salud de sus hijas.

La situación es aún más compleja pues, de acuerdo con varios autores, el diseño de los propios instrumentos de medición podría causar en parte la aparente igualdad en el diagnóstico del déficit alimentario entre mujeres y hombres. Los parámetros o umbrales a partir de las cuales se mide la adecuación calórica subestiman el gasto energético que conllevan las actividades domésticas que recaen predominantemente en las mujeres, suponen que el desgaste de las mujeres embarazadas o en lactancia equivale al de un estado sedentario y asumen que las niñas realizan menos actividad física que los varones de su misma edad (DeRose, Das y Millman, 2000; Harriss, 1995; Sen y Drèze, 1989).

Creer que la alimentación de una mujer embarazada es igual a la de una que no lo está, o menor porque realiza menos ejercicio, o considerablemente mayor porque debe alimentar dos cuerpos, tiene consecuencias sobre la salud de la madre y del infante. En los países en desarrollo, incluso en aquellos donde no se identifican diferencias por sexo en el comportamiento de la desnutrición, las mujeres embarazadas o en lactancia se encuentran, sistemáticamente, en peores condiciones alimentarias que sus pares no involucradas en procesos reproductivos (DeRose, Das y Millman, 2000; Vizcarra, 2008). En México, por ejemplo, la prevalencia de anemia en mujeres embarazadas es de 17% y de 11.5% en no embarazadas, y aumenta a 20.5% en mujeres rurales en gestación (INSP, 2013).

Parecería sorprendente, pero lo anterior es un claro ejemplo de cómo la producción sociocultural de las desigualdades basadas en la diferencia sexual logran colarse a la construcción de criterios normativos aplicables a la evidencia científica que, claramente, no son neutrales al género. Estos, a su vez, orientan las actitudes y la distribución de recursos al interior de las familias. Así, pensar que una niña requiere menos alimentos que un niño se traduce en un menor desarrollo físico (menor talla, mayor delgadez, menor apetito) que, entonces, sirve como explicación de por qué come menos. Se trata de una disposición física, culturalmente construida, con consecuencias en el desarrollo fisiológico e intelectual de las mujeres y de la descendencia que procrean.

El establecimiento discriminatorio –o, por lo menos, sesgado- de umbrales tiene consecuencias sumamente importantes sobre el diagnóstico de necesidades de la población o el diseño de políticas públicas. La información provista por las investigaciones que han identificado la parcialidad de los instrumentos bastaría para cuestionar una de las conjeturas más socorridas en la medición de la pobreza o del bienestar de los hogares: la referencia al estándar del adulto equivalente, un supuesto que se asume crítico porque niega que las necesidades de los integrantes del hogar sean idénticas, pero hace equivaler los requerimientos individuales a la fracción que les corresponda al ser comparados con los de un varón en edad productiva –tentativamente, el jefe del hogar- que, se entiende, presenta los requerimientos máximos.

De igual manera, es posible debatir los argumentos –esgrimidos con frecuencia por organismos internacionales y programas sociales- que encuentran en la segregación de las mujeres al mundo privado y sus actividades culinarias mayor agencia para controlar los recursos alimentarios del hogar y para tomar decisiones en ese ámbito. En realidad, estar a cargo del proceso no se traduce en mayor control de los recursos. Por el contrario, se ha demostrado que la agencia de la mujer en temas alimentarios se traduce en una diferenciación de los tipos de comidas consumidas: mientras los hombres consumen principalmente comidas completas, las mujeres destacan en el consumo de alimentos entre tiempos, pruebas y sobras. Se trata de ingestas de menor calidad nutricional que ni siquiera son reconocidas socialmente como comidas y que pueden llegar a tener efectos en su salud, expresados en malnutrición y sobrepeso u obesidad (Martin y Ferris, 2007). Esta situación es particularmente notable en hogares pobres encabezados por mujeres, donde éstas instrumentan una serie de estrategias para proteger el consumo de sus hijos a costa de la calidad de su propia dieta (Martin y Lippert, 2012; DeRose, Das y Millman, 2000).

 

Conclusiones

La discusión planteada en este breve ejercicio de síntesis y análisis buscó demostrar que es posible considerar a la alimentación como un espacio productor de desigualdades de género que pueden ser potenciadas por la pobreza y transmitirse a través de las generaciones. La búsqueda de sesgos de género en las prácticas alimentarias llevó a identificar tres espacios clave para su generación: la división sexual del trabajo, la distribución intrafamiliar de los recursos y los desenlaces de estas diferencias en la salud de las mujeres. En cada uno de ellos se encontraron prácticas fundadas en supuestos que norman las funciones de las mujeres, los espacios desde donde pueden o deben ejercerlas e, incluso, las formas en las que deben satisfacer los requerimientos fisiológicos que es posible cumplimentar mediante la comida.

Efectivamente, la división sexual del trabajo naturaliza el papel de las funciones alimentarias de la mujer; asigna al hombre la proveeduría y deja a la mujer la obtención de alimentos, su transformación y su disposición para el consumo familiar. Este proceso juega un papel fundamental en la narrativa de los cuidados hacia otros en los que las mujeres son socializadas y su práctica implica la construcción de un aparato ideológico y afectivo que facilita que la tarea sea asumida como un deber exclusivo de las mujeres.

Quizás sea por esta disposición femenina socialmente orientada a la generosidad y el sacrificio que muchas de las estrategias instrumentadas por mujeres pobres cabezas de familia intentan proteger el consumo de alimentos de los otros, en particular de sus hijos, con graves consecuencias en su propia salud. En esta disposición también juegan los supuestos normativos que los discursos de la salud han introducido al imaginario de los requerimientos energéticos y nutricionales de las mujeres quienes, según esta retórica, desarrollan menor actividad física que los hombres y tienen cuerpos “menos exigentes” –que, incluso, son más valorados estéticamente por su exigüidad.

En buena medida, la dificultad para comprobar o rebatir estos supuestos radica en la falta de información a gran escala que permita diferenciar las prácticas alimentarias de hombres y mujeres, la asignación detallada de recursos al interior del hogar y las motivaciones que los actores esgrimen cotidianamente para hacer distinciones a partir de los criterios que les resulten relevantes.

Si bien los estudios feministas han hecho mucho por revelar la existencia de distinciones sistemáticas entre lo que reciben hombres y mujeres en función del valor que se les asigna en la sociedad, bajo un sistema que subordina permanentemente lo femenino, aún hace falta conocer cuáles son los mecanismos cotidianos mediante los que las personas enfatizan las diferencias en las prácticas cotidianas, en los espacios más naturalizados de la vida privada, donde la racionalidad de las distinciones se encuentra totalmente normalizada. La alimentación y el cuerpo son dos de estos espacios críticos. Su estrecha vinculación los convierte en campos privilegiados para la reflexión crítica y la lucha contra las desigualdades.

 

Referencias bibliográficas

  • Ariza, Marina y Orlandina de Oliveira (2007), “Familias, pobreza y desigualdad social en Latinoamérica: una mirada comparativa”, en Estudios Demográficos y Urbanos, no. 1, vol. 22, pp. 9-42.
  • Beagan, Brenda, Gwen Chapman, Andrea D’Sylva y Raewyn Bassett (2008), “It’s just easier for me to do it: rationalizing the family division of foodwork”, en Sociology,42(4), Sage, pp. 653-671.
  • Castro, Roberto y Florinda Riquer (2012), “Claroscuros en el conocimiento sobre la violencia contra las mujeres” en Casique, Irene y Roberto Castro (coords.) Retratos de la violencia contra las mujeres en México. Análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011, México, Instituto Nacional de las Mujeres.
  • Chant, Sylvia (2003), Female household headship and the feminisation of poverty: facts, fiction and forward strategies, London, Gender Institute y London School of Economic and Political Science.
  • DeRose, Laurie, Maitreyi Das y Sara Millman (2000), “Does female disadvantage mean lower access to food?” en Population and Development Review, vol. 26 (3), Population Council, pp. 517-547.
  • Drèze, Jean y Amartya Sen (1989), Hunger and public action. Oxford, Clarendon Press.
  • Finch, Janet. (2007), “Displaying family” en Sociology, vol. 41(1), Sage, pp. 65-81.
  • Floro, María del Sagrario y Ranjula Bali (2012), “Food security, gender and occupational choice among urban low-income households” en World Development, vol. 42, Elsevier, pp. 89-99.
  • Forste, Renata y Kiira Fox (2012), “Household labor, gender roles and family satisfaction: a cross-national comparison” en Journal of Comparative Family Studies, no. 5, vol.43, Estados Unidos, George Curian.
  • González de la Rocha, Mercedes (1986), Los recursos de la pobreza. Familias de bajos ingresos en Guadalajara, México, El Colegio de Jalisco.
  • González de la Rocha, Mercedes (1988), “De por qué las mujeres aguantan golpes y cuernos. Un análisis de hogares sin varón en Guadalajara” en Gabayet, Luisa y cols. (comps) Mujeres y sociedad, salarios hogar y acción social en el occidente de México, México, El Colegio de Jalisco-CIESAS.
  • González de la Rocha, Mercedes (2006), “Recursos domésticos y vulnerabilidad” en González de la Rocha, Mercedes (Coord.) Procesos domésticos y vulnerabilidad, Perspectivas antropológicas de los hogares con Oportunidades, México, CIESAS, pp. 45-86.
  • Grignon, Claude y Christiane Grignon (1986), “Alimentation et stratification sociale”, en Culture Technique, Francia, 40-49.
  • Harriss, Barbara (1995), “The intrafamily distribution of hunger in South Asia” en Drèze Jean, Amartya Sen y Athar Hussain (eds.) The Political Economy, Oxford, Clarendon Press.
  • Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (2013), Encuesta Nacional de Salud Pública (ENSANUT) 2012. Resultados principales, México, Secretaría de Salud.
  • Kabeer, Naila (1990), “Women, household food security and coping strategies”, ponencia presentada en la sesión 16 del Standing Committee of Nutrition.
  • Lamas, Marta (2002), “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género” en M. Lamas, Cuerpo: Diferencia Sexual y Género, Taurus, México, pp. 85 a 127.
  • Martin, Katie y Ann Ferris (2007), “Food insecurity and gender are risk factors for obesity” en Journal of Nutrition, Education and Behavior, vol. 39, pp. 31-36.
  • Martin, Molly y Adam Lippert (2012), “Feeding their children but risking her health: the intersection of gender, household food insecurity and obesity” en Social Science & Medicine, pp. 1754-1764.
  • McIntyre, Lynn, Krista Rondeau, Sharon Kirkpatrick, Jennifer Hatfield, Khaled Shamsul Islam y Syed Nazmul Huda (2011), “Food provisioning experiencies of ultra poor female heads of household living in Bangladesh” en Social Science & Medicine, vol. 72, pp. 969-976.
  • Mora, Minor (2004), “Visión crítica del vínculo entre jefatura del hogar, estratificación social y análisis de clase” en Revista de Ciencias Sociales. vol.III (5), Costa Rica, Universidad de Costa Rica, pp. 11-24.
  • Orozco, Mónica, Citlali de Alba y Gabriela Cordourier (2004), Lo que dicen los pobres: una perspectiva de género, México, Secretaría de Desarrollo Social.
  • Patel, Raj (2013), “El papel del poder, el género y el derecho a la alimentación en la soberanía alimentaria” en Mundo Siglo XXI, vol.IX (31), México, CIECAS-IPN, pp. 5-10.
  • Poulain, Jean Pierre (2002), Sociologies de l’alimentation. Les mangeurs et l’espace social alimentaire, Francia, PUF.
  • Quisumbing, Agnes (2013), “Generating evidence on individuals’ experience of food insecurity and vulnerability” en Global Food Security, Washington, International Food Policy Research Institute, pp. 50-55.
  • Rubalcava, Rosa María y Sandra Murillo (2006), “El ingreso en los hogares rurales pobres y los beneficios monetarios del Programa Oportunidades vistos desde una perspectiva socioespacial de género: la jefatura económica femenina en Guanajuato” en López Paz y Vania Salles (coords.) El Programa Oportunidades examinado desde el género, INDESOL/COLMEX/Unifem, México, pp. 19-62.
  • Santoyo, Laura y Edith Pacheco (2014), “El uso del tiempo de las personas en México según tipo de hogar. Una expresión de las desigualdades de género” en García, Brígida y Edith Pacheco (comps.) Uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, México, El Colegio de México, pp. 171-219.
  • Scott, Joan 1996 (1986), “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, en M. Lamas (comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, México, PUEG/Miguel Ángel Porrúa, Colección Las ciencias sociales, Estudios de Género.
  • Sen, Martya y Jean Drèze (1995), The political economics of hunger, Nueva York, Oxford University Press.
  • Silva, Elisabeth (2007), “Gender, Class, Emotional Capital and Consumption in Family Life” en Casey, Emma y Lyidia Martens (eds). Gender and consumption. Domestic cultures and the commercialization of everyday life, Reino Unido, Ashgate, pp. 141-162.
  • Vizcarra, Ivonne (2008), “Entre las desigualdades de género: un lugar para las mujeres pobres en la seguridad alimentaria y el combate al hambre” en Argumentos, vol. 21(57), México, UAM-Xochimilco, pp. 141-170.
  • West Candace y Sarah Fenstermaker (1995), “Doing Difference” en Gender and Society, vol. 9, no. 1, pp. 8-37.

 

[1] Entendida sólo como un problema de ingresos o, por el contrario, desde una perspectiva multidimensional.

[2] Este enfoque descansa en el supuesto de insuficiencia de los recursos monetarios de los hogares, aun cuando estos fuesen destinados exclusivamente a la adquisición de la canasta básica, lo cual no sucede; los individuos requieren cubrir otras necesidades también imprescindibles, como el vestido o la vivienda o, incluso, otros insumos necesarios para la transformación y consumo de los alimentos.

[3] La encuesta se realizó en 2003 con un nivel de representatividad nacional. Se aplicó en hogares que se encontraban en pobreza patrimonial.

[4] Este punto se abordará con mayor detalle más adelante.

[5] En África y en algunos países asiáticos el papel de la mujer en la agricultura  es  muy relevante, si bien se le confina al rol de pequeña productora –dado que tienen extensiones menores de tierra y experimentan mayores dificultades acceder a la propiedad y a créditos productivos- y sus cosechas sirven, primordialmente, para fines de subsistencia familiar (Kabeer, 1990; Patel, 2013).

[6] En escenarios de alta vulnerabilidad en los que la norma de la división sexual del trabajo se cumple con mayor rigidez, la centralidad del aporte de los hombres para la satisfacción de necesidades básicas familiares puede derivar en situaciones de violencia –económica, física y psicológica- (Castro y Riquer, 2012).

[7] En el caso de la dimensión del tiempo es importante recordar los hallazgos de Santoyo y Pacheco (2014) quienes miden la desproporción con la que las mujeres entregan su tiempo a las actividades familiares, en detrimento de su uso para el propio desarrollo, ya sea que realicen o no trabajo extradoméstico. El tiempo de las mujeres, de acuerdo con Sen (1989), tiene menos valor en la medida en que las actividades que produce con él cuentan con menor reconocimiento social, lo que alimenta la idea de que merece menos retribuciones, entre ellas, tiempo personal.

[8] Bajo peso para la talla.

[9] Baja talla para la edad.

[10] En México los problemas asociados a la desnutrición han observado una reducción importante durante los últimos 15 años. Mientras que en 1998 uno de cada diez infantes presentaba bajo peso, en 2012 esta proporción se redujo a tres de cada cien. La emaciación, por su parte, se redujo de 6.2 a 1.6%. La baja talla, sin embargo, es un problema en descenso pero con mayor notoriedad: en 2012 uno de cada ocho menores de cinco años presenta baja talla para su edad, proporción que alcanzaba a uno de cada cuatro menores en 1998. Desafortunadamente, la presentación de estos resultados no incluye la distinción por sexos. (INSP, 2013).